No existe otra tarea prioritaria. Frenar la estrategia de EE.UU. y al “cartel de la Media Luna”. Primero la política, si no con las armas. Brasil y Argentina están en el ojo del huracán
El presidente Evo Morales debe ser defendido por la comunidad latinoamericana. Los jefes de Estado reunidos este lunes en Santiago de Chile deben pronunciarse con absoluta claridad y condenar a las fuerzas de ultra derecha del Oriente rico, apoyadas por Estados Unidos.
Morales, por vocación, por ser un fino un lector de las correlaciones de fuerzas al interior de su país y de la región, y por tener certezas sobre el componente provocador de la subversión fascista, priorizó el camino del diálogo y el mismo debe ser mantenido hasta las últimas consecuencias.
Pero si los prefectos, los empresarios sojeros -verdaderamente cartelizados con sus socios agropatronales de Argentina y Brasil- y todo el conglomerado de derecha, recientemente repudiado en las urnas, continúan con su escalada, los gobiernos y los pueblos de la región deberán respaldar las decisiones que el presidente boliviano pudiere adoptar en los planos militar y policial.
Argentina y Brasil hace tiempo que diseñan y tienen como política de Estado un elaborado programa de defensa común, basado en la protección de sus recursos naturales. Deben incorporar a ese programa, y en forma urgente, a las fuerzas armadas de Bolivia. Lo que está en juego en ese país es justamente un feraz reservorio de recursos naturales.
No habrá Mercosur ni política de integración regional posible si los elementos más agresivos del bloque hegemónico imponen su proyecto para Bolivia.
Ni Brasil, ni Argentina, ni ninguno de los países de la región deben permitir que los consorcios petroleros, abiertamente privados o disfrazados de “estatales” –como Petrobrás- jueguen sus propias cartas. Ellos y el complejo corporativo de la economía de la soja están comprometidos con la estrategia separatista para Bolivia.
Los mandatarios democráticos de la región deben tener en claro que si Evo Morales cae, sus propios gobiernos estarán en peligro, a menos que se conviertan en gestores de las grandes corporaciones transnacionalizadas, del gobierno de Estados Unidos y los “embajadores de la República de la Soja”.
El presidente Lula debería elegir entre dos discursos. El que señala como “extraña coincidencia” que Estados Unidos quiera desplegar maniobras navales justo en la región donde Petrobrás esta haciendo hallazgos de nuevas reservas petroleras oceánicas, y el que pone en pie de igualdad a las voluntades del gobierno de Bolivia y de la “oposición”.
La presidenta Cristina Fernández debería leer la utilización del caso Antonini Wilson por parte del gobierno de Estados Unidos (ver nota aparte) y el abroquelamiento de la derecha vernácula en torno al cartel agropatronal de la soja como capítulos locales de una estrategia hegemónica que tiene su epicentro más dramático en Bolivia.
En ese sentido, sería constructiva la visualización de que el pago irrestricto a los países del Club de París y las acusaciones a partidos de izquierda y otros por acciones de indignación popular sólo le restan credibilidad y ayudan al fortalecimiento de esa misma estrategia hegemónica.
A idéntico escenario pertenece la ofensiva golpista denunciada la semana pasada por el presidente venezolano Hugo Chávez, a la que seguramente, y en su oportunidad, su gobierno volverá a referirse, sobre todo respecto de las sanciones que se le vayan a aplicar a los involucrados, sean estos civiles o militares.
Un capítulo aparte merece el comportamiento de los oligopolios mediáticos que actúan en América Latina, comprometidos en forma sistemática con el golpismo, la destitución y la desestabilización de los procesos políticos que se atreven a afectar -aunque sea con la más baja de la intensidades- sus intereses corporativos, siempre atados a los diseños de la derecha.
No hay alternativa posible. O se defiende a Evo Morales y a la integridad territorial política y territorial de Bolivia, o el peor de los futuros amenazará a toda la región.
Por Víctor Ego Ducrot director de APM y del Observatorio de Medios de Argentina.
