La CIA contra la integración latinoamericana: Nombres y apellidos (2º parte)

Operaciones Negras

Una de las fuentes reiteradas dentro del audiovisual es Otto Reich, quien en 1983 dirigió la Oficina de Diplomacia Pública para Latinoamérica y el Caribe (OPD, según sus siglas en inglés). La OPD, según revela el escritor Greg Grandin en su libro Empire’s Workshop, “estaba oficialmente a cargo de implementar una aproximación nueva, no tradicional, para definir los términos de la discusión pública sobre la política en Centroamérica”.

La OPD empleó una táctica que utiliza frecuentemente la CIA en otros países colocando artículos e historias en la prensa bajo el nombre de algún tercero. Estas actividades, conocidas en el mundo de la inteligencia como propaganda negra, fueron llevadas a cabo dentro de Estados Unidos con el total conocimiento de la Casa Blanca.

En 1987, el Congreso ordenó el cierre de la OPD de Reich, bajo acusación de estar implicada en una “operación prohibida y encubierta de propaganda”, pero en ese entonces los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que simplemente reorganizarían la oficina, distribuyendo sus funciones entre otras partes del departamento.

Todo parece indicar que cumplieron su palabra.

La operación de propaganda negra que se pretendió constituir mediante “Crisis en las Américas un documental sobre el dictador Hugo Chávez” fue tan evidente que el material no logró trascender dentro de la sociedad estadounidense, sin embargo siempre hay sectores ultraconservadores que intentan legitimar este tipo de manipulaciones.

La periodista Ericka Andersen realizó una interesante reseña de este material para el diario “Human Events”, el pasado 27 de septiembre. De paso entrevistó a Bill Mccollum, el testimonio del Fiscal General de La Florida nos permite una vez más entender su pensamiento:

“Chávez es una parte importantísima en el problema de la droga en Suramérica. Yo pienso que es uno de los mayores traficantes, tal vez de la historia”.

El pasado domingo 23 de diciembre, el periodista argentino Horacio Verbitsky, publicó en su columna del diario Página12, que cuando ocurrió el suceso de la valija de Antonini en agosto pasado sólo hubo dos medios que denunciaron una relación entre el dinero incautado y la campaña de Cristina Fernández, uno de los artículos no llevó firma y el otro fue firmado por un periodista que nadie conoce.

Todo parece asemejarse demasiado a un guión armado por esos personajes que como el mismo Reich afirmó “comprenden la acción política y los aspectos psicológicos del mundo en el que vivimos”.

Los fiscales de la causa Antonini - Mulvihill

El Fiscal con más exposición pública en el caso Antonini es Thomas Mulvihill, primer asistente de la Fiscalía General. Mulvihill procesa crímenes como narcotráfico, espionaje y violaciones a las leyes de exportación, por esta razón, mantiene un vínculo muy cercano con agencias de inteligencia con el FBI o la CIA.

Por sus investigaciones de casos federales contra el crimen organizado, Mulvihill recibió varios premios de reconocimiento de agencias de inteligencia en Washington.

Este fiscal vive en el sur de la Florida hace más de 20 años, y según las crónicas periodísticas, conoce perfectamente las problemáticas de la región, al punto que en el pasado participó e investigó la detención del general Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Es de suponer que si el fiscal Mulvihill investigó al derrocado ex presidente panameño y tiene vínculos estrechos con los servicios de inteligencia, debe conocer personalmente al agente Norman Bailey, quien es un connotado miembro de esos servicios, y fue unos de los máximos responsables de las operaciones en Panamá.

Hilar más fino sería deducir que a partir de estos hechos Mulvihill y Bailey tienen una relación personal o una alianza política, pero podríamos aventurarnos a hacerlo, si observamos el mundo de relaciones de ambos. Uno de los cercanos colaboradores de Bailey es Roger Noriega, quien el 12 de diciembre pasado salió a defender públicamente a Mulvihill y su equipo, mediante una columna de opinión periodística publicada por el conservador diario La Nación de Buenos Aires.

Dijo Noriega: “Lo que es bastante inusual es que, en vez de meramente negar la acusación, la presidenta Kirchner impugnó ferozmente las motivaciones de los investigadores estadounidenses, sosteniendo que la querella penal buscaba “cubrir de basura” su presidencia”.

Estas declaraciones provocaron la reacción del ex presidente, Néstor Kirchner, quien calificó a Noriega como un “funcionario lamentable” y exigió que la justicia estadounidense extradite al prófugo Antonini.

Alexander Acosta

Otro de los fiscales implicados en la causa Antonini es Alexander Acosta, su nombre no suele aparecer en los medios de comunicación, sus antecedentes no lo ayudan a sostener la imagen de un fiscal independiente.

El 13 de noviembre de 2003 hubo una convención de abogados sobre legislación internacional y soberanía americana organizada por la Sociedad Federalista con sede principal en Washington. El fiscal Alexander Acosta fue uno de los invitados a disertar. El orador de orden de este exclusivo encuentro fue John Negroponte.

Podríamos pensar que no es más que una casualidad que Acosta y Negroponte hayan confluido en esta reunión, pero podríamos pecar de ingenuidad tal vez, este encuentro indica cuánto menos, una coincidencia intelectual y política.

Esta aseveración se confirma cuando descubrimos que 2 años y 11 meses más tarde, exactamente el 10 de octubre de 2006, el Fiscal Federal del Distrito Sur de la Florida, Alexander Acosta, anunció la creación de un Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones a Cuba, conformado por agencias del gobierno, incluyendo el FBI, el Servicio de Rentas Internas, Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Comercio, el Servicio Guardacostas y la Aduanas y Protección de Fronteras.

Como puede observarse las actividades de este fiscal exceden ampliamente el marco investigativo para ingresar en el terreno del activismo político, y en este caso dentro de las causas más reaccionarias como lo es la profundización del estrangulamiento económico contra Cuba, condenado de manera casi unánime por las Naciones Unidas en cada oportunidad que se presenta.

Hay otro caso que evidencia la confluencia ideológica –y una muy probable coordinación en materia de acción política- entre este fiscal del caso Antonini y el congresista republicano Lincoln Díaz Balart (gestor del video basura contra Chávez):

En febrero de 2007, Acosta encausó a dos ciudadanos estadounidenses por solicitar licencias de viaje a Cuba a nombre de iglesias inexistentes, lo que habría permitido que más de 4500 cubanoamericanos obtuvieran permisos para visitar a sus familias en la isla caribeña.

Según declaró el fiscal oportunamente, ''los dos arrestos y la investigación son un indicio del compromiso del gobierno federal en endurecer el embargo comercial...esta decisión es importante para ayudar a una transición democrática en la isla''.

El congresista Díaz Balart, no se quedó atrás y sustentó públicamente el accionar de Acosta, a quien cariñosamente llama Alex:

''El fiscal federal Alex Acosta y su equipo de trabajo merecen reconocimiento y apoyo por sus esfuerzos continuos para hacer cumplir eficazmente el embargo de Estados Unidos contra el régimen terrorista en Cuba''.

Por mera coincidencia durante 2006, Díaz Balart había hecho un llamado público para que se impulsaran las causas judiciales a los violadores de licencias religiosas.

Acosta también tiene una relación fluida con el Fiscal General Mccollum, desde mayo de 2006 ambos participan activamente en el “Proyecto Niñez segura” una iniciativa nacional creada en Estados Unidos para proteger a los menores contra la explotación y los abusos sexuales.

El 23 de marzo de 2007, representantes de Niñez Segura de La Florida brindaron una conferencia de prensa para repasar los avances del programa. Alexander Acosta y Bill Mccollum aparecieron declarando sentados uno al lado del otro.

Kenneth L. Wainstein

Otro de los funcionarios implicados en la investigación es Kenneth L. Wainstein, asistente del Fiscal General de Justicia del Departamento de Seguridad Nacional. Según palabras del propio Wainstein, sus funciones son las de “supervisar las operaciones de inteligencia y las operaciones legales relativas a la seguridad nacional”. Wainstein fue designado por el presidente Bush para el cargo, y su aprobación por el senado demoró 5 meses. Es una especie de viceministro del Secretario de Justicia Michael Mukaesy, lo que indica sus estrechas relaciones con el poder político republicano. Entre sus obligaciones, también está la de articular sus tareas con el director nacional de los Servicios de Inteligencia, John Negroponte.

Reflexiones sobre los puntos 2 y 3

¿Es este equipo de trabajo el artífice de una operación basura contra Venezuela y Argentina?

Demasiados indicadores nos empujan a pensarlo. En resumen:

Durante todo 2007 una oficina de inteligencia de la CIA se dedica a planificar operaciones contra Venezuela. El responsable de esta dependencia (Bailey) tiene nexos fluidos con los principales implicados en operaciones de inteligencia armadas por la Central durante los últimos 30 años, el cubano americano Otto Reich, John Negroponte y Roger Noriega.

Todos estos personajes tienen fuertes vínculos con el anticastrismo más duro de Miami, desde donde, junto a sus compañeros de la Fundación del Consejo de Seguridad Americano, también lanza operaciones de inteligencia contra Venezuela el Fiscal General del Estado (Mccollum).

Uno de los fiscales que tratan el caso (Mulvihill) es asistente de Mccollum, está fuertemente ligado con los servicios de inteligencia y muy probablemente mantenga una relación fluída con el responsable de la oficina de la CIA encargada de desestabilizar a Venezuela (Bailey) ya que ambos estuvieron implicados en el caso Panamá-Manuel Noriega.

Cuando la competencia de Mulvihill es cuestionada por el gobierno argentino, Roger Noriega (colaborador cercano de Bailey) asume su defensa pública.

Otro de los fiscales federales encargados de la causa (Acosta) es un reconocido activista contra la revolución cubana, diserta junto a John Negroponte en Washington y realiza tareas de beneficencia junto al Fiscal General de La Florida (Mccollum).

Un tercer responsable de la causa ( Kenneth L. Wainstein) es un funcionario con categoría similar a la de un viceministro de justicia, entre sus funciones -según el mismo declara- está la de supervisar operaciones de inteligencia, también debe articular sus labores con John Negroponte.

Si a Norman Bailey y sus colaboradores de la oficina de desestabilización de la CIA, se les ocurriera montar una operación basura con la intención de generar una fricción entre Venezuela y Argentina utilizando el caso Antonini, este sería el grupo de trabajo ideal.

4- Para entender la manipulación montada por los medios de comunicación utilizaremos un caso testigo. El 26 de diciembre de 2007 el “prestigioso” matutino Washington Post publicó un editorial en la que asegura que la postura de la presidenta argentina en torno al caso –recordemos que la mandataria denunció una “operación basura”- obedecía a su ignorancia acerca del funcionamiento del sistema judicial de Estados Unidos. Esta es la cita textual:

“Hay quienes, demostrando su ignorancia del sistema judicial estadounidense, culpan al gobierno del presidente Bush por los resultados de una investigación penal. La reacción demuestra que las esperanzas de un cambio en la política exterior argentina probablemente fueron falsas. En vez de distanciarse del escándalo, ambos (la presidenta argentina y su esposo) le han hecho el coro a Chávez denunciando “trucos sucios”, de la Casa Blanca y un supuesto plan estadounidense para subyugar a Argentina”.

No hace falta agregar que estas “afirmaciones” fueron reproducidas por todos los grandes medios de nuestro continente como si lo escrito por el editorialista del Washington Post fuera una verdad absoluta. Esto llegó a millones de lectores que pudieran creer que la causa Antonini no tiene ninguna implicancia con el poder político y es tan sólo una investigación penal.

Pudieran pensarlo porque desde esos grandes medios -como se ha demostrado- se manipuló la realidad y se le negó a la ciudadanía su esencial derecho de acceder a la información completa sobre el caso.

Notas.

1- Este informe fue redactado sobre la base de una investigación personal y de artículos publicados por la agencia de comunicación Rodolfo Walsh (http://www.agenciawalsh.org/) y por la revista usamericana Z Magazine (http://www.zmag.org).

2- Entre los objetivos de esta investigación no figura establecer la categoría o el origen de los ilícitos que podrían derivar del caso Antonini Wilson.

Autor: Andrés Sallari