El 23 de diciembre del año pasado, desde estas mismas columnas se alertó sobre qué y quienes estás detrás del simulacro de juicio que se puso en marcha en Estados Unidos para hostigar al gobierno argentino y a todo el espacio político que en forma compleja se está tejiendo en Sudamérica.
Informábamos entonces que el Southern Command (Comando Sur) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con asiento en Miami, se encargaba de resaltar las actividades desplegadas por el fiscal Thomas Mulvihill contra el gobierno de Cristina Fernández.
En tanto, un denominado Comité Comunitario por la Imparcialidad y la Justicia -relacionado con las organizaciones conspiradoras anticubanas de La Florida- respaldaba al juez Robert Dube, quien tomó audiencias a por los menos dos de los acusados por el escándalo de la valija con 800 mil, que la Administración de George W. Bush decidió impulsar, para desacreditar a la autoridades de Buenos Aires, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al propio proceso de integración su
damericana.
El 14 de diciembre del 2007 , la página electrónica del Comando Sur comenzaba a publicar artículos periodísticos de diferentes fuentes, con la marcada intención de difundir y apoyar la acusación desarrollada por Mulvihill, en el juicio desde el cual se protege a Guido Antonini Wilson, casi seguro agente periférico de los servicios secretos estadounidenses, destinado a “ventilar escándalos” que desestabilicen al gobierno de la presidenta Fernández y su anunciada intención de mantener la estrategia integracionista con Venezuela, en los marcos bilateral y del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Esas mismas selecciones de artículos -elogiosos respecto de las actividades de Mulvihill- eran distribuidos vía correos electrónicos a todas las dependencias de la diplomacia estadounidense en América Latina y a las redacciones de los grandes medios corporativos, abocados a una desenfrenada carrera en defensa de la causa abierta en Miami.
Entre esos artículos figura uno firmado, entre otros, por el investigador periodístico colombiano Gerardo Reyes, el mismo que fuera citado por el colega argentino Horacio Verbitsky, en una reveladora nota, publicada en diciembre pasado por el diario local Página 12.
Veamos cuáles fueron las indagaciones de Verbitsky en aquella oportunidad.
“Guido Antonini ingresó con su valija a la Argentina el 4 de agosto y dejó el país el 6, no rumbo a Venezuela sino a Miami, de donde ya no volvió a salir. Allí el presunto agente venezolano se convirtió en un efectivo agente estadounidense. El 14 de agosto, el diario Miami Herald publicó un artículo de sus periodistas Nancy San Martín y Gerardo Reyes. Su último párrafo dice que el caso provocó especulaciones en los medios y en círculos políticos de Buenos Aires y Caracas de que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina, la esposa del presidente argentino Néstor Kirchner. Nancy San Martín suele firmar junto con otros columnistas. Se ha especializado en temas sensibles para la inteligencia estadounidense y cubierto informaciones sobre Cuba, Colombia, Venezuela y Afganistán. En cambio el colombiano Gerardo Reyes es un reconocido abogado e investigador periodístico, autor de varios libros y ganador de los premios Pulitzer, Planeta y Maria Moors Cabot”.
“Al día siguiente, 15 de agosto, esa especulación fue reproducida por el boletín del Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO), una organización integrada por militares estadounideneses y cubanos, incluyendo desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y miembros de la Brigada de Asalto 2506, rechazada en 1961 en Playa Girón. Sus objetivos declarados son alentar y apoyar a los militares cubanos a comenzar una transición pacífica hacia la democracia sin los hermanos Castro y organizar un ejército profesional, subordinado al poder civil y democrático que sea elegido por el pueblo cubano. Su presidente es el mayor general Erneido Oliva, a quien el Departamento de Estado y el Pentágono le dijeron que los planes de CAMCO coincidían con los de la Casa Blanca. Al presentar la información, CAMCO hizo un montaje fotográfico, por el que Antonini aparece sosteniendo el maletín abierto colmado de dólares. Pero la única mención previa al alegado destino del dinero que apareció en la prensa venezolana es un artículo publicado el 10 de agosto en el semanario de Caracas Quinto Día, con la firma de Antonio Batistini Ortega, quien cita como fuente a presuntos servicios de inteligencia de Caracas y Buenos Aires, que no identifica”.
“El desconocido Antonio Batistini Ortega, quien escribe desde Buenos Aires, atribuye a un denominado analista local Marcos Batistini que los 800 mil dólares decomisados eran para la campaña electoral de Cristina Fernández. El conocimiento del autor sobre la Argentina no es sobresaliente: menciona a Julio Da Vido, Claudio Uberdi, el Grupo Techi y la empresa energética Enarsa. En la Argentina sólo hubo una declaración hipotética de los dirigentes de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió y Adrián Pérez, quienes el 9 de agosto, recordaron que habían denunciado a De Vido y Uberti como recaudadores ilegales de la campaña de Néstor Kirchner en 2003. Ante la aparición de Uberti en el avión con Antonini, Pérez conjeturó que puede ser un modus operandi en esa materia. El 10, el diario La Nación sostuvo en un editorial que en un año electoral siempre se sospecha que los fondos para las campañas pueden provenir de rutas poco habituales y cubiertas de neblina. Ni siquiera el semanario Noticias mencionó esa posibilidad en su nota del 11 de agosto. Sólo afirma, como Carrió, que Uberti fue el recaudador de la campaña del 2003. Es decir que la única fuente que se anticipó al FBI estadounidense en su acusación a la presidenta argentina fue Quinto Día. También llamado El Semanario de los Nuevos Tiempos es un periódico semanal con información política y económica, que desde 1996 se imprime en papel y se publica en la web, con acceso pago a las notas. Su director, el periodista Carlos Croes, fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Jaime Lusinchi. También dirige el canal Televen, donde tiene su propio programa. Quinto Día es una publicación establecida pero nadie sabe nada sobre el autor de la nota ni sobre su fuente. Consultado para esta nota, su jefe de redacción dijo que Batistini Ortega ofreció el artículo y ellos lo publicaron, pero que no tienen relación contractual con él: No es un periodista conocido y ésa fue la única nota que publicó. Nadie puede dar fe tampoco de la existencia real de Marcos Batistini, mencionado en la nota con la muy significativa palabra de la jerga de inteligencia analista. Ni en el padrón electoral ni en la guía telefónica figura ninguna persona con esos nombres. Tampoco tienen legajo en la Policía federal, ni cédula ni pasaporte argentino, ni son periodistas o analistas extranjeros que hayan ingresado al país en forma legal. Ante una consulta para esta nota, la Dirección de Migraciones respondió que un ciudadano italiano de nombre Antonio Batistini estuvo cuatro días de tránsito en la Argentina, entre el 20 y el 24 de enero de 2007, es decir, siete meses antes del episodio de la valija”.
El domingo último, casi 10 meses después de la edición citada, el mismo colega del diario Página 12, afirmó lo siguiente. 
“El fiscal general de la zona sur de Florida es Alexander Acosta, un cubano norteamericano. Sin experiencia judicial previa, su designación como fiscal general de Florida sirvió para apartarlo del escándalo de las elecciones presidenciales de 2004, cuando fue acusado de manipular el diseño de los distritos en Texas y Georgia para excluir a minorías étnicas que hubieran podido comprometer la victoria republicana. Acosta integra el ‘Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba’, junto con otras agencias, como el FBI. ‘Haremos nuestra parte para llevar a cabo el mandato del presidente que persigue acelerar el proceso de transición en Cuba’, dijo. Quien lleva adelante el juicio contra Franklin Durán es su adjunto, Thomas Mulvihill, quien antes trabajó en la División de Narcóticos y en la División Criminal bajo las órdenes de Dexter Lethinen, esposo de la diputada republicana Ileana RosLethinen, del lobby parlamentario anticastrista. Su tarea más destacada fue la investigación y detención del hombre fuerte panameño Manuel Antonio Noriega, un ex colaborador de la CIA que dejó de ser confiable. El gobierno norteamericano insiste en la independencia de la justicia respecto del gobierno. Este es un valor sobreentendido de la cultura política de ese país, pero durante la presidencia actual fue puesto en entredicho. Los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Como parte de su denominada “guerra contra el terrorismo”, Bush y sus sucesivos ministros John Ascroft y sobre todo Alberto Gonzales desplazaron a una decena de fiscales profesionales por otros próximos a la política de Bush. Legisladores y abogados habían reclamado porque la Casa Blanca “era informada en forma indebida sobre los detalles de las investigaciones penales o civiles”. Esta “purga de fiscales independientes” en protección del gobierno, como la llamó Paul Krugman, derivó en una investigación parlamentaria que le costó el cargo a Gonzales. Su reemplazante, Michael B. Mukasey, asumió el 9 de noviembre pasado y su primera decisión política importante fue restringir los contactos con funcionarios de la Casa Blanca sobre “investigaciones civiles o penales en curso” para impedir interferencias políticas en la justicia”.
Recurramos una vez más a lo archivos, para reproducir lo revelado en diciembre pasado por APM.
Refiriéndose al llamado Comité Comunitario por la Imparcialidad y la Justicia, que en su oportunidad se dirigió al juez Dube, el mismo que apareció en la causa de los 800.000 dólares de Antonini, esta medio escribía.
“Según propias declaraciones de sus integrantes, ese Comité está vinculado con el Consejo Militar Cubano-Norteamericano (CAMCO), mencionado en los párrafos anteriores, y trabajó arduamente en la defensa de los terroristas anticubanos Santiago Alvarez y Osvaldo Mitad”.
Álvarez y Mitat –quienes hicieron posible la entrada ilegal, en abril del 2004, del Luís Posada Carriles en Estados Unidos- fueron arrestados en Miami por agentes federales por posesión de un arsenal de armas que se encontraba, desde principios de ese mismo año, en una propiedad de Álvarez, ubicada en el condado de Broward. En diciembre del 2005, fueron acusados de siete cargos por posesión ilegal de armas y explosivos”.
En ese entonces, el periódico El Nuevo Herald publicó lo siguiente: “familiares y amigos de los activistas anticastristas Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat pidieron a las autoridades de Estados Unidos que permitan a ambos acusados tener un juicio en Miami y criticaron las contradicciones de la fiscalía a la hora de argumentar la jurisdicción del caso. En una carta abierta a la opinión pública, un autotitulado Comité Comunitario de Miami por la Imparcialidad y la Justicia dijo sentirse consternado por las recientes acciones del fiscal federal, que está empeñado en sacar el caso fuera de Miami”.
“Los doce firmantes de la misiva son conocidos simpatizantes del CAMCO: Francisco J. ``Pepe`` Hernández, Alberto Hernández, Feliciano Foyo, José Basulto, Julio González Rebull, Lorenzo de Toro, Miguel M. Alvarez, Frank Martell, Mario Ferro, René Guerra, Jorge A. Rodríguez y Ernesto Abreu”.
“El texto apareció apenas 24 horas después de la imputación de cargos en un tribunal de Miami, donde Alvarez y Mitat se declararían culpables de siete casos por posesión ilegal de armas, según dijeron entonces sus abogados. La audiencia estaba a cargo del juez Robert Dube, a quien muchos anticubanos de Miami no le escatimaron elogios”.
Los famosos 800.000 dólares fueron descubiertos por autoridades de Argentina, Antonini es requerido por la justicia de este país pero Estados Unidos no concede la extradición, puesto que el acusado es un protegido de Washington.
Será de extrema oportunidad que el gobierno de Cristina Fernández impulse a fondo la investigación judicial local, para que queden claras y eventualmente sancionadas las implicaciones de ex funcionarios y funcionarios gubernamentales en un muy probable caso de corrupción aprovechado (¿auspiciado?) por los servicios de inteligencia estadounidenses, para desestabilizar a la región.
Una vez más cabe subrayar que esa escalada de Estados Unidos se inscribe en el mismo diseño que apunta sus cañones contra Bolivia –ver nota al respecto en esta misma edición- y fomenta en forma constante todo tipo de maniobras desestabilizadoras del gobierno venezolano.
Asimismo, es oportuno recordar que la “Justicia” que pretende manipular el caso Antonini Wilson es la misma que protege al terrorista confeso Posada Carriles y mantiene en prisión desde hace 10 años a cinco ciudadanos cubanos, en un caso sin precedentes de arbitrariedad e ilegalidad absoluta.
1 comentario:
Dijo otro bloggero: "La verdad que este novelón del maletín de Antonini ya se está poniendo pesado". Es eso, un "cuentito" que desvía la atención de la bancarrota en la que se desmorona el coloso del Norte...
Saludos!
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